Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron este martes una nueva estrategia para intentar revisar la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.
El equipo integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentó un informe técnico basado en información de la Dirección Nacional de Vialidad. Según la defensa, el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos de un fideicomiso destinado a obras viales entre 2009 y 2015.
Los abogados sostienen que este dato cuestionaría uno de los fundamentos centrales de la condena y que demostraría que el mecanismo establecido por el decreto 54/2009 no tuvo como objetivo beneficiar exclusivamente a Báez. También señalaron que la empresa que más fondos recibió durante ese período fue IECSA, vinculada al empresario Ángelo Calcaterra.
La información surgió a partir de una base de datos presentada por un funcionario de Vialidad durante la causa Cuadernos. La defensa adelantó que utilizará el nuevo elemento tanto ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como ante la Justicia argentina.
El objetivo inmediato es presentar un recurso de revisión y solicitar la suspensión de los efectos de la condena. Sin embargo, desde el ámbito judicial cuestionaron el planteo y señalaron que el tema ya fue analizado y rechazado en distintas instancias. También remarcaron que el informe presentado por la defensa contempla fondos a nivel nacional, mientras que en Vialidad se analizó específicamente la obra pública en Santa Cruz.
