La Justicia bonaerense le volvió a poner la pelota en la cancha a Axel Kicillof. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y dejó nuevamente habilitada su implementación en la provincia de Buenos Aires.
El fallo representa un nuevo capítulo de una disputa que excedió los tribunales y se convirtió en un problema político para el gobernador. La Cámara sostuvo que un juez no puede suspender de manera general, mediante una medida cautelar, una ley sancionada por el Congreso, al considerar que hacerlo afecta gravemente el sistema republicano.
Desde La Libertad Avanza aprovecharon la resolución para redoblar sus cuestionamientos contra Kicillof. Sebastián Pareja sostuvo que “una sola jueza no puede suspender una ley aprobada por el Congreso”, mientras que el senador bonaerense Carlos Curestis reclamó que el gobernador deje de buscar excusas y garantice los recursos, dispositivos y equipos necesarios para aplicar el nuevo régimen.
El escenario deja una pregunta incómoda para la administración bonaerense: ¿la Provincia estaba realmente preparada para implementar la reforma?
La jueza Marta Elba Pascual había suspendido la aplicación de la norma argumentando que el sistema bonaerense no contaba con infraestructura ni recursos suficientes para absorber el aumento de adolescentes que podrían ingresar al régimen penal. En su resolución había advertido, además, sobre las condiciones de alojamiento, educación, tratamiento y formación profesional de los jóvenes privados de libertad.
Ahora, con la cautelar revocada, esas deficiencias señaladas por la magistrada no desaparecen. El Gobierno de Kicillof deberá afrontar la implementación de la ley mientras continúa la discusión sobre si la Provincia cuenta con las condiciones materiales necesarias para hacerlo.
Y ahí aparece el punto político que más incomoda al gobernador: mientras su administración sostiene que necesita recursos y estructura para afrontar las nuevas obligaciones, sus adversarios le reclaman que deje de trasladar responsabilidades y se haga cargo de ejecutar una ley que ya está vigente.
La discusión ya no pasa solamente por la baja de la edad de imputabilidad. También expone las dificultades de una gestión que enfrenta uno de sus principales desafíos en materia de seguridad y que ahora deberá demostrar, en los hechos, qué capacidad tiene para poner en funcionamiento el nuevo régimen.
La Justicia habló. La ley quedó nuevamente habilitada. Ahora la responsabilidad de implementarla vuelve a estar sobre el escritorio de Kicillof.
